En ciertas ocasiones decimos que Chile es un país minero, lo que por cierto no se encuentra ajeno de la realidad, haciendo la prevención de que dicha expresión obedece normalmente a la generosa dotación de recursos minerales por parte de la naturaleza.
Sin embargo, es necesario profundizar en el conocimiento de su regulación, los desafíos económicos, jurídicos, sociales y ambientales que enfrenta la actividad, así como la trascendencia que significa para el crecimiento económico nacional.
Ante los ciclos de cotización del cobre, se hace necesario replantearnos cuál será la mirada estratégica que daremos a la actividad minera. Es indispensable contar con una política de Estado de mediano y largo plazo que permita obtener el mejor provecho de la riqueza mineral de forma ordenada.
Chile cuenta con una clara regulación minera que garantiza el derecho de propiedad sobre las concesiones mineras con protección constitucional y sólidos principios jurídicos, otorgando al inversionista seguridad para adoptar decisiones de capital a largo plazo.
El imperativo actual radica en coordinar la legislación minera con la normativa medioambiental para proteger el entorno sin generar frenos innecesarios a la actividad productiva, promoviendo evaluaciones técnicas, previsibles y despolitizadas respaldadas por una Política Minera Nacional.